El impacto de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos de tasación en hipotecas previas a la ley 2019
La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha generado un importante cambio en el panorama hipotecario, estableciendo que los bancos deben asumir los gastos de tasación en las hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019. Esta decisión supone un fuerte golpe para las entidades financieras que se negaban a cubrir estos costos, y abre la puerta a la restitución de otros gastos para los titulares de préstamos hipotecarios afectados.
¿Por qué los bancos deben pagar los gastos de tasación de las hipotecas previas a la ley 2019?
La Justicia determina que la abusividad de las cláusulas en los contratos de hipoteca debe ser motivo de restitución de los gastos de tasación. Los consumidores que se vean afectados por esta situación deben acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos. La sentencia deja claro que los bancos son responsables de todos los gastos de tasación en los préstamos anteriores a la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019, y no los clientes.
La restitución de otros gastos
Además de los gastos de tasación, los titulares de hipotecas tienen derecho a la restitución de otros costos como el registro de propiedad, la gestoría y la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados debe seguir siendo asumido por el titular de la hipoteca en los préstamos anteriores a la nueva Ley. Esta resolución del Tribunal Supremo implica que los bancos deben compensar a los consumidores por todos los gastos indebidos que hayan asumido.
¿Qué significa la resolución del Tribunal Supremo?
La sentencia afecta exclusivamente a las hipotecas previas a la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019, donde se estipulaba que la tasación debía ser pagada por el titular del préstamo. Los afectados tienen la posibilidad de reclamar la restitución de los gastos ante el banco. Esta decisión del Tribunal Supremo es un precedente importante para el sector hipotecario, garantizando la protección de los consumidores en casos de abusos por parte de las entidades financieras.