¡¡¡Ya es hora de adoptar esos cambios, chavales…!!!!

Aquí tenemos el que puede ser el próximo escándalo, o una de las próximas en vista de la cantidad de abusos cometidos, que estalle en la cara de la banca.

Se trata de la directiva europea sobre hipotecas que el Gobierno de España lleva más de dos años de retraso en trasponer a nuestras leyes. Concretamente, en Europa se lanzó a principios de 2014 y dio dos años a los países miembro -entre ellos España- para incluirla en sus normas y empezar a aplicarla.

O sea que el plazo para haberla incluido en nuestras leyes terminó en abril de 2016 y desde entonces (¡¡¡estamos en septiembre de 2018!!!) sólo se ha estado mareando la perdiz en el Congreso, pero todavía no se ha aprobado la ley que por fin reforme el sistema hipotecario, abusivo y arcaico desde hace años.

El retraso es tal que Luxemburgo está ya hasta las narices y amenaza con sancionar a España con casi 106.000 euros por cada día de retraso, o sea que se nos acumulan 90 millones de euros de multa que adivina quién pagará y con el dinero de quiénes… Lo que nos faltaba: encima de que llevamos retraso para mejorar las normas hipotecarias, habrá que pagar del dinero público la multa por el retraso en adoptar una norma que nos beneficia…

Por eso la están retrasando, porque supone un cambio de modelo en algunos aspectos para la banca como el cobro de comisiones por amortizar y cancelar, que ya no se podrá coaccionar para contratar seguros a cambio de rebajar el diferencial y que, entre otras cosas, nos deberán informar en el banco de toda la oferta hipotecaria existente en ese momento.

De ahí que el despacho de abogados Navas&Cusí advierta de que, dado que llevamos más de dos años de retraso en implantar la nueva normativa, las más de 900.000 hipotecas firmadas desde marzo de 2016 están en un limbo legal que nos podría costar caro.

O sea que si has firmado un préstamo hipotecario desde entonces presta mucha atención a lo que pase de ahora en adelante porque, según este despacho de abogados, son hipotecas que podrían anularse ya que no cumplieron las nuevas normas y sí deberían haberlo hecho, lo cual podría ser denunciable en un futuro.

El Gobierno español de Mariano Rajoy estuvo retrasando la trasposición de la norma europea porque favorece a los consumidores y, en este país, todo lo que merme mínimamente el poderío de la banca, por muy justo que sea, cuesta adoptarlo para no perjudicar a las élites banqueras, que también financian a los partidos políticos y sostienen buena parte del sistema.

Además, el PP tenía un Gobierno en minoría y se estuvo discutiendo mucho sobre qué se incluiría en la nueva ley y cómo. Ahora, con el nuevo Gobierno, el tema sigue parado y dado que están muy ocupados con otras cosas que les parecen más importantes, aquí seguimos, esperando unos cambios necesarios y temiendo una multa aún mayor.

Con lo fácil que sería, de una vez por todas, coger el toro por los cuernos y aprovechar la ocasión para incluir unas normas claras y justas que por fin eliminen todos los abusos y la posibilidad de repetir otros semejantes, tanto si vienen de Europa como si provienen de las quejas de los consumidores. A la vista está que luego los abusos se pagan caros así que será mejor prevenirlos y dejar de proteger a los bancos, que tienen más conocimiento, más fuerza y más dinero.