Este rescate a los hipotecados en apuros está tan descafeinado que solo le hará efecto a unos pocos

El megaimperio bancario de Emilio Botín, más conocido como Santander, y Catalunya Caixa han sido las primeras entidades financieras que van a cumplir el código de buenas prácticas que les ha propuesto el Gobierno.

De esta ayuda descafeinada para evitar los desahucios podrán beneficiarse las familias en paro, que compraran sin aval un piso tasado en menos de 200.000 € y que estén pagando de hipoteca al menos el 60% de sus ingresos.

Lo de pagar es un decir, porque se supone que para tener la ayuda del banco, estas familias han tenido que dejar de pagar la cuota para que la entidad en cuestión, si es que se ha unido a este código de buenas prácticas, les acepte otras condiciones y, solo en último lugar, la dación en pago (cancelar la hipoteca entregando el piso).

Sumarse a este camino de amor y buen rollo con algunos hipotecados en apuros es voluntario, pero los bancos que lo hagan deberán cumplirlo a rajatabla durante 2 años, so pena de que se les pueda demandar en los tribunales.

Poco después del Santander y Catalunya Caixa, que han abierto la veda, otras entidades han dicho que se unen al club. Bankia, CaixaBank, el Banco Popular, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y el grupo BMN han sido los siguientes. Antes ya lo habían confirmado NovaGalicia, el Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Liberberbank, Cajamar y el grupo rural CRM.

Era raro que todavía no se hubiera pronunciado el BBVA, eterno competidor del Santander, igual que aún no lo ha hecho la Caixa, siempre en liza con Bankia (antes Caja Madrid). El plazo para decir si se unen o no termina a principios de abril, aunque algunos bancos no han querido esperar tanto para decirlo y, en cuanto han empezado los primeros, los demás han ido cayendo en cascada.

Seguro que ahora lo están discutiendo en los consejos de administración de cajas y bancos. De hecho, es lo que ha pasado en el BBVA. Ha cedido ante la presión pública y el viernes lo hizo oficial tras su junta de accionistas.

No hay entidad financiera que no se pregunte: ¿nos sumamos a este código de buenas prácticas? ¿Cuánta pasta nos va a costar? Y, sobre todo, ¿qué vamos a ganar con ello? ¿Nos compensan las rebajitas fiscales que nos ha prometido el Gobierno? Seguro que sí o no se sumarían a esta corriente falsamente solidaria.

Principalmente, ganarán buena reputación social (que falta les hace), congraciarse con el Gobierno (aunque no les hace mucha falta, nunca está de más) y no embargar más pisos de los que luego no podrán vender. Es mejor cobrar menos o en más tiempo que no cobrar nunca.