Aún hay mucha tela que cortar
La sabiduría popular dice que segundas partes nunca fueron buenas… Menos mal que las segundas oportunidades sí son bien recibidas. Ahora a ver si funciona y de verdad es útil.
Me refiero a la que llaman ley de segunda oportunidad, que el Gobierno ha aprobado recientemente mediante un Decreto Ley.
Como su nombre indica, se pretende dar una segunda oportunidad económica a los autónomos, pequeñas empresas y familias que no pueden hacer frente a sus deudas. En el caso de las últimas, la más común e importante es la hipoteca.
Aunque no se ha establecido la tan querida y pedida dación en pago (entregar el piso al banco a cambio de cancelar toda la deuda), sí que se ha aprobado que la familia pueda acordar de manera extrajudicial (sin juicios ni demandas) con el banco el pago de la deuda, quitando los intereses o aplazando los pagos, etc.
También que, una vez embargada la vivienda, si el importe que el banco ha sacado por ella en una subasta no cubre la deuda que la familia tenía por la hipoteca (lo que suele ocurrir), ya no se debe más dinero durante 5 años.
Si en esos 5 años siguientes la situación mejora (heredan, les toca la lotería, encuentran un trabajo muy bien remunerado) y son capaces de hacer frente a la deuda, el banco va a exigir que lo haga. También si al principio los hipotecados parecían insolventes y luego se descubre que tenían patrimonio oculto o cosas por el estilo. Pasados esos 5 años el banco ya no te puede reclamar ni un céntimo.
Todo este proceso será tutelado por un juez y dice el Gobierno que va encaminado a que no se arruinen las familias, pero claramente se ve que a quien no se quiere que quiebre la banca.
También se amplían los requisitos para que más familias puedan beneficiarse del Código de Buenas Prácticas, que entró en vigor hace justo dos años y que, como se preveía, ha sido muy tibio y sólo ha permitido que el 8% de las familias desahuciadas puedan acogerse a él. Ahora los ingresos exigidos son de máximo 22.365 € anuales (antes 19.170 €) y el tiempo queda prorrogado hasta 2017. También se permite que a estas mismas familias se les deje de aplicar la cláusula suelo si la tenían vigente.
A la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) le parece que esto es insuficiente y que de una vez por todas se necesitan medidas reales que alivien la situación de las más de 570.000 familias que no pueden pagar la hipoteca.
Dicen que cuando hay acuerdos extrajudiciales la cosa se queda en manos de los acreedores (el banco al que le debes la pasta), lo que se traduce en una desventaja para el moroso porque la otra parte impone condiciones que sólo benefician a sus intereses. Además creen que 5 años son muchos (hasta ahora eran 15) y que con un año es suficiente para ver si una familia se recupera o no dela muerte económica.
