Menos mal que hay más puertas a las que seguir llamando
El Tribunal Supremo ha vuelto a dar carpetazo al asunto de quién paga el impuesto de las hipotecas, diciendo que actúo bien el año pasado porque estaba capacitado para revisar su propia sentencia.
Después de que en octubre dijo que sería la banca quien corriera con el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y 3 semanas después se desdijera -muerto de miedo de perjudicar a los bancos-, cargando el impuesto otra vez a los clientes tras una ajustadísima votación de 15 a favor y 13 en contra, la cosa no se quedó así.
La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (Madrid) quedó indignada con semejante baile de opiniones contradictorias. Y como era quien había demandado el caso, se quejó legalmente al mismo Tribunal Supremo porque pensaba que sus derechos se habían visto pisoteados.
Desde enero el Supremo ha estado estudiando las quejas del organismo municipal de Rivas, que básicamente eran sobre que no se puede tener este cachondeo de decir una cosa y luego otra sin dejarte meter baza y cuando ya hay sentencia firme, no haber igualdad en la aplicación de las normas y, según su opinión, haberse equivocado de pleno en su dictamen final (que los clientes paguemos los impuestos).
Como el de Rivas es un Ayuntamiento peleón que no se rinde y hace bien, ha dicho que no se conforma con este portazo del Tribunal Supremo y que ahora llevará el caso al Tribunal Constitucional, un tribunal independiente de los otros y encargado, además de velar por que se cumpla la Constitución, de dar derecho de amparo: recibir las quejas de quienes piensan que en otras sentencias se han violado sus derechos fundamentales.
Mientras tanto, en el caso de las hipotecas firmadas antes del 10 de noviembre de 2018 los clientes que reclamen se pueden encontrar con que, de momento, si su caso llega al Tribunal Supremo, éste no les va a reconocer el derecho a cobrar el dinero del impuesto, que supone entre 1.000 y 3.000 euros según la hipoteca.
¿Por qué esa fecha? Porque es cuando el Gobierno se hartó de la informalidad del Tribunal Supremo y de su “donde dije digo, digo Diego” y aprobó un Real Decreto exprés para que, desde ese día, sea la banca quien corra con el IAJD. Aunque poco le ha durado la pena a los banqueros… Han venido sus amigos del Partido Popular a quitársela de encima, aprobando en el Senado -donde tiene mayoría- que ninguna entidad pague los impuestos si se trata de la compra de una primera vivienda.
¿Qué pasará entonces con las viejas hipotecas, las firmadas antes del 10 de noviembre de 2018? Que tienen la esperanza de que o bien el Tribunal Constitucional le ponga los puntos sobre las íes al Tribunal Supremo para que se quede con su primera sentencia, en la que dijo que el impuesto lo asumen los bancos, o bien esperan a que el tema llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida que el impuesto no tienen que pagarlo los clientes sino las entidades, también con carácter retroactivo (para las hipotecas anteriores al Real Decreto).
¿Hay esperanzas de que esto ocurra? Generalmente los casos de abusos hipotecarios masivos llegan a este tribunal, que entre un año y medio y dos años después suele opinar a favor de los clientes, dando un buen tirón de orejas al sector bancario. Si esto no pasara, el Ayuntamiento de Rivas podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que, con el comportamiento del Supremo español, se la dejado indefenso. Entonces sí, hay esperanzas, pero de momento no inmediatas.