¿Has cancelado tu hipoteca, variado las condiciones en nuevo contrato ante notario o cambiado de banco después del 18 de noviembre de 2011? Si la respuesta es afirmativa, esta noticia te interesa.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tanto notarías como Registro de la Propiedad han aplicado mal los aranceles por estas operaciones, cobrando el triple de lo que deberían.
La OCU dice que han pedido a todos los consumidores la tarifa que se debe cobrar sólo en caso de entidades financieras en proceso de saneamiento y reestructuración.
Han generalizado una tarifa excepcional, con el resultado de que en vez de pagar 46 € a la notaría por una cancelación hipotecaria se han pagado 140 €. Con el Registro pasa algo parecido: se han abonado 85 € cuando la cifra no debería haber superado los 30 €.
La OCU ha lanzado una campaña para la reclamación masiva de este cobro indebido basándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 13 de mayo de 2016. Según esta organización, el error en el cobro viene del Real Decreto-Ley 18/2012, en el que se estableció que se aplicaran ciertos aranceles para la cancelación, novación y subrogación de hipotecas sólo en caso de bancos en reestructuración. Aranceles que, según la OCU, notarios y registradores han aplicado no sólo en el caso correcto sino a los particulares en cualquier hipoteca.
Si quieres calcular cuánto te han cobrado de más, echa mano de la factura que te dieron entonces, mete los datos en el simulador de la OCU y compruébalo. Esta organización calcula que en 30.000 operaciones mensuales se han pagado alrededor de 150 € de más.
Para la economía familiar es mucho dinero, pero no tanto como para meterte en jaleos de abogados y denuncias, así que o bien te apuntas a la campaña de la OCU -según lo que te cobren por la gestión-, o bien reclamas directamente a notarios y registradores a través del colegio oficial que tengan en tu comunidad autónoma. En la web de la campaña, puedes dejar tu correo electrónico para que te manden los modelos para reclamar la devolución del dinero.
Los notarios se defienden alegando que ellos interpretaron correctamente el Real Decreto de 2012 y que han seguido órdenes del Consejo General del Notariado, que estipulaba el arancel que debían cobrar. Toman como base el capital que se inscribió en la hipoteca y lo reducen al 70%. De ahí se calcula una tarifa que en ningún caso entienden inferior a 90 euros.
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